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Taller · 28 de julio de 2024 · 4 min de lectura
A primera vista, esta ley sigue siendo muy vaga y abierta a interpretación. La ley es difícil de comprender y enuncia conceptos nuevos sin proporcionar su contenido o más detalles sobre las modalidades de su implementación.
A primera vista, esta ley sigue siendo muy vaga y abierta a interpretación. La ley es difícil de comprender y enuncia conceptos nuevos sin proporcionar su contenido o más detalles sobre las modalidades de su implementación.
Su objetivo principal es la construcción de un mercado comercial, donde los « proyectos de desarrollo sostenible » pueden compensar sus impactos negativos en el medio ambiente y las comunidades locales comercializando lo que la ley denomina « créditos de desarrollo sostenible ».
La ley no proporciona información adicional sobre la identidad o la función de estas concesiones: podrían ser tanto el conjunto de concesiones involucradas en la explotación de recursos naturales (bosques, agricultura, minería, áreas protegidas, etc.) como las tierras comunitarias. Estas « concesiones de desarrollo sostenible » generan « créditos de desarrollo sostenible », créditos que son « generados por la creación, mejora o mantenimiento de los patrimonios de desarrollo sostenible relacionados con una actividad de desarrollo sostenible ».
Sin embargo, este es un aspecto esencial, ya que es el ser humano quien constituye la finalidad del desarrollo sostenible. Esta omisión es aún más incomprensible dado que, en lo que respecta a la participación de las poblaciones locales, está claro que esta ley debería, entre otras cosas, ayudar a allanar el camino para la aplicación del Protocolo de Nagoya, del cual Gabón es parte. Pero, en cambio, se observa su obstrucción a la aplicación del Protocolo de Nagoya.
Al final, esta ley enfatiza la afirmación de numerosos principios, lo cual no es inútil, pero pasa por alto lo esencial, en particular la consideración de los derechos de las comunidades locales y la implicación de la sociedad civil y del sector privado. Es peligrosa en el sentido de que introduce un nuevo sistema de créditos de intercambio, lo que allanará el camino para un desarrollo más « destructivo » que « sostenible ».
Si estas consideraciones se suman a la constatación de la inseguridad de la tierra y económica de las comunidades forestales, el marco se vuelve cada vez más preocupante.
En este contexto, y debido a una gobernanza deficiente, la implementación de esta política nacional basada en la compensación para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible es extremadamente perniciosa, dado que una vez más excluye la participación de las comunidades locales e indígenas. Esta ley no garantiza, de hecho, ninguna protección para los derechos de las comunidades, y estas no podrán tener voz en la administración de las compensaciones que les conciernen directamente. Por el contrario, son tratadas simplemente como mercancías con un potencial de compensaciones que pueden ser comercializadas por el gobierno y los inversores privados. No hace falta decir que tal enfoque es totalmente incompatible con el derecho internacional sobre los derechos humanos, así como con los principios legales básicos de la propiedad privada (todos inscritos en el bloque de constitucionalidad gabonés).
Un sistema así no promueve en absoluto un desarrollo sostenible, sino que resultará en un aumento de los daños al medio ambiente y a las comunidades. Si este enfoque se percibe como un modelo por otros gobiernos en la región, las implicaciones de esta nueva ley serían aún más desastrosas, más allá de las fronteras gabonesas.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil en general, y la Plataforma Gabón Ma Terre Mon Droit (GMTMD), permanecen disponibles y abiertas a participar en cualquier marco de concertación que busque mejorar esta ley y, más particularmente, a contribuir durante la elaboración de los textos de aplicación. De hecho, es primordial que antes de la adopción de los textos de aplicación, los puntos controvertidos sean analizados y discutidos para su integración en una versión mejorada de dicha Ley. .
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